La desregulación sugerida para el servico de transporte de pasajeros y cargas de larga distancia supone decisiones que ya han tenido consecuencias en nuestro país respecto de la conectividad, accesibilidad y cobertura de servicios. 

Tal desregulación genera automáticamente consecuencias directas e imprevisibles, precarizando servicios y provocando aislamiento de poblaciones hoy atendidas por permisos obligatorios de servicio público.

Las nuevas dispociones generan conflictividad permanente respecto de un derecho por ley como los pasajes para discapacidad; y transforma la tarifa de costo boleto regulada en una decisión de precio libre entre oferta y demanda, que atenta a la accesibilidad del sistema.

El nuevo decreto pasa de permisos regulados y controlados en origen y destino, seguros, verificación técnica y licencia habilitante interjurisdicccional, a un simple registro donde pueden prestar servicios eventuales personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras.

Se dió a conocer que se pretende poder definir libremente tanto recorridos horarios como lugares de origen, destinos y paradas de ascenso y descenso. Pero nada refieren respecto a la obligacion de la lista de pasajeros y/o el Documento Universal de Transporte (DUT), que permite actualmente saber a qué personas se transporta, su identidad, origen y destino, entendidas como cuestiones clave para la búsqueda de personas requerdas por el ministerio Público de Justicia o Migraciones ante situaciones de trata o paradero.

Hoy existen más de 100 empresas con parque móvil verificado, inscripto y fiscalizado en VTV/ RTO; su antigüedad y control permite la circulación segura de accidentes. Ahora bien, los nuevos planteos desreguladores dejan sin control efectivo y eficiente de verificación técnica para transporte pesado de pasajeros y cargas, generando así el riesgo de accidentología que se suma al deterioro vial de infraestructura que provocó el abandono de mantenimiento y continuidad de la obra pública vial.

Entonces… ¿Quién cuida a los pasajeros? Cuando no se sabe origen, destino y paradas. ¿Cómo y dónde se controlará la jornada laboral de los choferes, sus reflejos y alcoholemia o sustancias?

Estas son sólo algunas preguntas sin respuesta cuando la decisión de correr al Estado de su obligación reguladora y de prevención o cuidado, dejan nuevamente a los usuarios no sólo abandonados, aislados y desconectados, sino también expuestos a ofertas arbitrarias de servicios sin garantía alguna de control y seguridad vial para ellos, como así también para el personal de trabajo como choferes, conductores y terceros en la vía pública y en las rutas Argentinas.

José Ramón Arteaga
Titular AUBASA