El país atraviesa una crisis compleja. La pandemia y los problemas económicos que arrastramos de años anteriores produjeron un situación traumática en una gran parte del tejido social. En este contexto sensible, se dan las tomas ilegales de tierras en diferentes puntos del país. El ex club de Planeadores en La Plata –una superficie de 161 hectáreas–, las 2344 carpas que se instalaron en un predio de Guernica, partido de Presidente Perón, y las usurpaciones en el Parque Nacional Nahuel Huapi fueron los casos más resonantes.

El derecho a la vivienda es una deuda histórica en Argentina. Hace décadas que no se despliega una política pública que solucione este flagelo. Miles de familias carecen de la triple T que nos habla el Papa Francisco: tierra, techo y trabajo. Cuando falta una de ellas, la dignidad de las personas se deteriora. La autoestima se lesiona. Y a los padres les cuesta mirar a los ojos a sus hijos cuando le tienen que decir que no van a poder cumplir con las cuatro comidas diarias porque “la plata no alcanza”. Sin duda, el Estado argentino tiene una profunda responsabilidad en ese vacío trágico que sienten los ciudadanos.

El déficit habitacional surge por la ausencia de un Estado que, en sus tres niveles, nacional, provincial y local, carece de un conjunto de políticas públicas de acceso a la tierra y a la vivienda. Y no se trata solamente de diseñar esas herramientas (banco de tierras, financiamiento accesible para construir, facilitar la escrituración, urbanización, servicios básicos, etc.), sino también de sostenerlas en el tiempo. Convertir el sueño de la casa propia en política de Estado. Respetar y hacer cumplir este derecho, más allá del color político de la gestión. Cercanía, transversalidad y continuidad son los pilares en esta temática fundamental para cualquier ser humano.

Contar con estos instrumentos es clave para que individuos y colectivos no tomen tierras e infrinjan la ley. Porque tengamos en cuenta que, en este escenario, romper el contrato social solo genera más caos, desigualdad e injusticia. Varios de los propietarios que están siendo perjudicados por estas usurpaciones son familias humildes. No se trata de terratenientes ni empresas multinacionales, sino de laburantes que, con el sudor de varias generaciones, lograron adquirir una porción pequeña de suelo para producir alimentos y venderlos.

Por eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue categórico al respecto: “El Estado tiene que hacer cumplir la ley y si hay gente tomando tierras, los tiene que desalojar”. Sin ambigüedades ni “peros”. La propiedad privada es un derecho constitucional (artículos 14 y 17), y como tal, hay que defenderlo sin excepciones.

Además, como denunció el Gobierno bonaerense, existen grupos minoritarios que hacen negocios con las necesidades de la gente y, a través de amenazas y métodos violentos, impiden que llegue la asistencia del Estado: agua potable, alimentos, alcohol en gel, pañales, abrigo y barbijos. Que quede claro: no hay margen para el oportunismo en estos momentos decisivos. Solo hay espacio para el diálogo, la solidaridad y el respeto. Todo siempre dentro de las fronteras de la ley.

Como viene demostrando el presidente Alberto Fernández, la sociedad necesita orden, claridad y sentido común. La ley es el instrumento que tenemos para hacer cumplir esos tres principios clave para la convivencia. Porque, como lo demuestra nuestra historia, cuando el desconcierto se apodera de la coyuntura, los que más sufren son los que menos tienen. Dicho de otra manera: en la confusión, gana un puñado de “vivos” y pierde la mayoría de los argentinos de buena fe.

Estamos convencidos que la indiferencia es lo contrario a gobernar. Con diversidad, sensibilidad y perseverancia, hay que construir políticas públicas que trasciendan las gestiones y cierren las verdaderas grietas de exclusión, hacinamiento y pobreza que sufren los argentinos.